Las redes como parte de la solución y como problema
Este
artículo se propone descubrir los vínculos extrafamiliares que establecen las
familias que padecen situaciones de pobreza persistente para garantizar su
supervivencia cotidiana.
Esta
dimensión vincular, junto con las condiciones ambientales del hogar y las
prácticas de aprovisionamiento, son los tres aspectos a tener en cuenta para el
diseño de políticas y programas de intervención en este tipo de hogares. Dado
que la presencia del Estado es insuficiente y la infraestructura de los barrios
es deficitaria, estos vínculos extra-familiares son verdaderas estrategias
esenciales de contención y asistencia.
Las redes territoriales
Cada
familia está inmersa en un conjunto de relaciones de parentesco, de vecindad y
amistad, de asociación voluntaria, de identidad socio-cultural, de comunidad de
intereses, etc. Conectadas, intercambian y ponen en juego sus recursos para
afrontar los riesgos a los que se exponen cotidianamente y para obtener
ventajas en la acción colectiva.
Entre estas
redes de proximidad, las organizaciones barriales son esenciales en la
tercerización de la administración de los programas asistenciales del
Estado. Son mediadoras entre el Estado y
las familias y distribuidoras de recursos.
Este vínculo suele ser problemático en los barrios signados por
condiciones de violencia, por la ausencia del Estado, y por la presencia del
narcotráfico y otras redes delictivas. Allí, lo violento y lo ilícito son
actividades económicas de subsistencia.
Las
transformaciones económicas macro-estructurales de los ´90, provocaron
modificaciones en el espacio urbano del GBA y una gran polarización y
segregación de la población. Esto transformó el sistema de relaciones sociales
en cada localidad.
Bourdieu
analiza el “efecto del lugar” en los suburbios problemáticos: la ausencia del
Estado se refleja en modalidades de circulación del capital simbólico y de
reproducción social. El barrio estigmatizado degrada a quienes lo habitan y
viceversa. Los conflictos internos dan lugar a manifestaciones de violencia,
que se originan fuera del barrio en las administraciones públicas incapaces de
proveer las condiciones ambientales adecuadas.
Los
crecientes niveles de violencia y peligro modifican el uso del espacio barrial
y los vínculos entre los vecinos: pueden provocar aislamiento y retraimiento
social, mayor integración proactiva para cuidar y cuidarse en el espacio, o
mayor involucramiento en las redes delictivas. Se reconfiguran las redes
territoriales en la puja por el control del territorio.
Las redes de contención
Son
relaciones impersonales que generan pertenencia comunitaria más allá de lo
doméstico. Intentan mejorar la difícil integración social que viven las
familias en términos de acceso al mercado laboral y a los bienes y servicios
del Estado (posibilitar el acceso a la educación, salud, seguridad, identidad,
alimentación y abrigo).
Estas redes
fomentan la ayuda y el cuidado mutuo, y pueden ser formales o informales. Las
organizaciones de base local (redes formales) dan soporte identitario y
canalizan la búsqueda colectiva de soluciones a los problemas cotidianos. Sin
embargo, son pocas las familias vinculadas a ellas.
Las
relaciones de vecindad varían según cada barrio, y según sea más o menos
necesario actuar o mediar frente a la violencia o a las disputas territoriales.
La hostilidad del afuera retrae a las familias del espacio público y el único
espacio “seguro” es el familiar, aunque sea incómodo o precario. Sólo se
recurre al entorno barrial ante una emergencia, a veces a través de vecinos o
de la institución escolar.
Esta
apelación a las redes no siempre se convierte en una instancia de
colectivización posterior, pero denota la persistencia de la impronta
territorial. En los barrios en que hay lazos estrechos entre los vecinos, se destaca
la contención y acompañamiento de la organización barrial para con las familias.
Pero en los barrios marcados por el conflicto y la violencia, se nota la
ausencia de organizaciones con una trayectoria reconocida por las familias.
Sólo se establece un vínculo instrumental en casos de necesidad o emergencia.
También se menciona la discrecionalidad de las organizaciones y sus líderes y
dirigentes en el manejo de recursos, con la falta de confianza que esto genera.
Esta situación retroalimenta el aislamiento y las familias quedan más
desamparadas que cuando están vinculadas positivamente con organizaciones
barriales. Aquí fallan los dispositivos barriales de intermediación y los
vecinos quedan sin acceso a los recursos que ofrece el Estado. La pobreza persiste.
Los procesos de descentralización en la administración de programas
asistenciales y recursos fracasan ya que quedan supeditados a la dinámica de
las redes no estatales, signadas por la informalidad y los vínculos
interpersonales.
Las redes organizadas en torno a prácticas de
riesgo y abuso
En un
contexto de ausencia del Estado y violencia y conflictividad en los espacios
públicos, las redes pueden organizarse en torno a prácticas de riesgo (delitos,
drogas) y de abuso (cobros y desalojos compulsivos), llegando incluso a actos
de venganza, administrando justicia por mano propia en banda. Esta población no
suele acceder a la justicia ni vive esa posibilidad como un derecho. Hay una
“legalidad informal propia del barrio” que usa métodos abusivos y violentos
para conseguir la tranquilidad. Es una organización social que los perjudica,
pero que todos aceptan porque se conocen y se deben algún tipo de reciprocidad.
Los jóvenes son siempre los más vulnerables y, entre ellos, aquellos que quedan
solos, sin cuidado de los adultos.
Es
necesario explicar dos formas de violencia en un contexto de mediano y largo
plazo, que son dos caras de una misma moneda: la ejercida desde arriba, desde
una estructura social desigual; y la ejercida desde abajo, como reacción de los
sectores populares a esta estructura.
Ante esta
situación, las familias desarrollan estrategias de adaptación como encerrarse,
ignorar la realidad, enviar a los chicos a vivir con familiares, llevarlos al
trabajo o quedarse a cuidarlos. Esto último se facilitó con la AUH. Aquí se
pone en evidencia la importancia de una política social pública y privada de
creación de dispositivos a contra turno escolar, de contención y control.
Los vínculos con las instituciones estatales de
la zona
El vínculo
que establecen las familias en contextos de extrema pobreza con las
instituciones locales es intenso, pero siempre se ve afectado por las
transformaciones en el Estado. La accesibilidad es el vínculo que se establece
entre los sujetos y los servicios. Surge de la combinación entre los servicios
y recursos disponibles, y las condiciones y representaciones del los sujetos al
respecto. Es un lazo social entre los sistemas de acción social y los usuarios
de los mismos. La accesibilidad es la posibilidad de los sujetos de disponer de
los servicios cuando los necesitan. Ellos también son constructores de
accesibilidad (dimensión relacional). Reproducen saberes construidos, sentires,
percepciones, representaciones y modos de acercamiento y uso de los servicios
(dimensión subjetiva).
Hay también
barreras de accesibilidad: geográficas, económicas, administrativas, culturales
y simbólicas (usos, costumbres y supuestos colectivos).
Los vínculos con las instituciones educativas
En muchos
casos, la escuela es el lazo más estable con una institución que tienen las
familias. Principalmente por su histórico lugar de integración de la población
(proyecto de construcción del Estado-Nación), pero también por su presencia en
todos los territorios. Tienen un rol importante como lugar de calificación y
contención para las familias. “La escuela da una mano.”
Además, la
escuela es vista como una posibilidad de progreso. La expectativa de las
familias es que sus hijos terminen de estudiar, que adquieran competencias que
les garanticen la posibilidad de dar un salto de calidad en su trayectoria de
vida. Se suele combinar la escolarización con la capacitación en oficios.
A pesar de
que se producen muchas interrupciones en el ciclo escolar: necesidad de
trabajar, embarazo adolescente, consumo de drogas, las familias siguen
asignando un gran valor a la educación. También necesitan de las acciones de
asistencia que desarrolla la escuela: comedores escolares, provisión de ropa y
calzado, libros y útiles, etc. Asimismo, la escuela los asiste en casos de
enfermedad, violencia de género, adicciones y demás.
El sistema
educativo genera condiciones para que los chicos asistan a la escuela y
permanezcan en ella: servicio de psicología y psicopedagogía, becas, maestras
domiciliarias, etc. Sin embargo, en los lugares donde las necesidades son más
urgentes, también escasean los recursos y falta preparación del personal para
trabajar con el perfil de esa población, entre otros obstáculos que afectan la
calidad e intensidad de la educación ofrecida. Esto reproduce la pobreza.
Es
importante remarcar que, en general, cuando surge algo inesperado (falta de
documentos, violencia familiar) la escuela se flexibiliza (en lo burocrático)
para garantizar la accesibilidad de las familias que atraviesan circunstancias
adversas.
Los vínculos con las instituciones de salud
Existe una
serie de barreras materiales y simbólicas que dificultan el acceso de las
familias más pobres al servicio de salud y empobrecen el vínculo entre los
ciudadanos y los centros. Los primeros suelen percibir la atención como
deficitaria e insuficiente.
En términos
de accesibilidad, influye también lo territorial. Las “salitas” de cada barrio
suelen no tener ni el personal ni el equipamiento adecuado para dar respuesta a
las necesidades y se hace necesario derivar los casos complejos a los
hospitales de la zona. La experiencia negativa y burocrática en las mismas
desmotiva a los usuarios, quienes suelen no recurrir a ellas si no es por una
urgencia con poca confianza en ser atendidos bien y pronto. Quienes recurres a
los hospitales, agregan a estos problemas de atención la dificultad de la
distancia.
Este tipo
de estrategias se enmarcan en lo que Adriana Clemente llama “prácticas de
adaptación al riesgo”. El esfuerzo está puesto en sobrevivir a expensas de
incorporar las múltiples limitaciones que impone la pobreza con una alta
probabilidad de reproducir una situación de riesgo y aun de producir otros. Se
generan nuevas formas de incertidumbre por la vulneración de los derechos
sociales y se evidencian aún más barreras a la accesibilidad.
El vínculo
de las familias pobres con las instituciones de salud está signado por el
desencuentro entre estandarización de la oferta y urgencia de las demandas.
Entre las primeras, la salud es vivida como “ausencia de enfermedad” o ausencia
de impedimentos para trabajar u organizar el hogar. Sólo recurren al médico en
casos de apremio físico incapacitante. Y en ese encuentro influyen la distancia
social de la comunicación médico-paciente, la estructura de la cotidianeidad, y
los costos (que se consideran excesivos en relación con otras prioridades). La
necesidad de desarrollar estrategias de supervivencia naturalizó y silenció al
dolor, la enfermedad y el malestar físico. La prevención está poco desarrollada. Cede ante
la necesidad de asegurar el ingreso diario, garantizar el cuidado de los hijos
y la realización de tareas domésticas. Por eso la utilización de los servicios
de salud suele llegar tarde en relación con la evolución de la enfermedad.
Al analizar
las instituciones se observa una estandarización que deviene en desorganización
y descontrol, por un lado, y un orden jerárquico y burocrático ineficiente, por
otro. No se maneja información de las necesidades de cada barrio, sino que se
ordena la oferta de modo homogéneo. El trabajo con poblaciones marginadas sin
medios adaptados a las circunstancias, determina la ausencia de criterios
adecuados para atender a poblaciones de alto riesgo, lo cual impide a la
institución concretar sus fines específicos.
La
descentralización de los servicios desde el Estado nacional hacia los Estados
provinciales o municipales, desembocó en una gran inequidad en la calidad de
los servicios ofrecidos en cada territorio, en lugar del objetivo de mayor
adecuación de la oferta a las necesidades locales. No obstante la recuperación
económica y la caída del desempleo de la última década, no se observa que esta
situación se traduzca en una reducción de la demanda al sistema público. Las
familias pobres siguen sin opciones.
El acceso a la identidad
En el
trabajo de campo se encontraron muchas personas e, incluso, distintas
generaciones de familias sin documentos de identidad. La vulneración de este
derecho representa una barrera para acceder a los derechos sociales y para el
ejercicio de los derechos políticos. En general, se da una actitud de
resignación de las familias, difícil de conciliar con su alta dependencia del
Estado. Se acumulan las desventajas: falta de documentación, mala atención en
salud, falta de articulación entre jurisdicciones, incomprensión de la lógica
burocrática, distancia geográfica y falta de dinero para viajes, falta de redes
de apoyo, dificultades en los trámites, dificultades administrativas en el
procedimiento judicial por trámites tardíos, entre otras.
Comentarios
Dada la
alta dependencia de las familias pobres de las instituciones estatales, es
vital que cuenten con vínculos de proximidad y mediación locales para acceder a
ellas. Las redes de anclaje territorial utilizadas por el Estado para asistir y
distribuir planes sociales a nivel barrial son un dispositivo central para dar
respuesta a las necesidades de las familias.
Sin
embargo, no siempre estas redes territoriales logran garantizar una cobertura
efectiva a todos los destinatarios. El aislamiento y la violencia
extra-doméstica que se dan en algunos barrios hacen que algunas familias no
estén integradas a estas redes y no reciban los beneficios de las políticas
sociales.
Este
desacople es uno de los puntos a considerar al implementar políticas sociales
territoriales. No hay que desatender a las relaciones de poder, conflictos,
tensiones y prácticas discrecionales que atraviesan a las organizaciones y
originan la desarticulación mencionada. A esto hay que sumarle los resultados insatisfactorios de las prácticas
de las instituciones públicas locales, que contribuyen a la reproducción de la
pobreza.
No sólo hay
barreras en la accesibilidad a satisfactores de educación, salud, seguridad,
identidad, entre otros, sino también falta de un plan que articule el accionar
de las instituciones implicadas para dar respuestas integrales a los problemas,
evitando la reproducción y la profundización de la pobreza.
Resolver
este quiebre entre la vinculación entre las intervenciones institucionales
locales y la población destinataria pareciera ser el desafío de las políticas
sociales.
